(ORLANDO
ARIAS).La
visita del presidente Danilo Medina a la
comunidad de Arenoso en la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), donde
reprendió por teléfono al ingeniero encargado de la construcción de un
liceo, ha dejado al descubierto el hecho
de que cientos de obras están
paralizadas en todo el país, debido a la burocracia y la falta de coordinación
entre las instituciones estatales.Contratistas
consultados sobre el particular indican que para construir escuelas y aulas que
debieron estar entregadas al Ministerio de Educación con motivo del próximo año
escolar que inicia en agosto, no han podido ejecutar las mismas porque no hay
una coordinación definida en las entidades públicas que inciden en el proceso. Señalan
que en otros casos los contratistas
reciben los recursos tras ganar los sorteos para las obras, pero no se le da
seguimiento de manera fluida a la entrega de recursos, que es lo que sucedió en
Arenoso, lo que también impide iniciar el proceso de trabajo como ha dispuesto
el presidente Medina.“Con
esta situación se incumple con la palabra del Mandatario, al tiempo que dejan
de beneficiarse muchas de las comunidades con
obras importantes que demanda la gente”, indican.Así
mismo destacan que muchas empresas del ramo de la construcción están siendo afectadas
con este tipo de acciones, lo que trae como consecuencia que tengan que buscar
recursos por otras vías para cumplir con sus compromisos laborales y de empleomanía.
Destacan
que alrededor de 10 empresas que realizan obras en la zona del Bajo Yuna, por
ejemplo, están siendo afectadas considerablemente, ya que las entidades del
Estado tardan entre 8 y hasta 9 meses para liberarles los recursos económicos;
agregan que a las mismas se les adeuda entre 60 y 70 millones de pesos.
Sostienen
que en la zona, como una región vulnerable, especialmente en la temporada
ciclónica, si no se cumple con los contratistas, entregándoles los recursos
para terminar las mismas, muchas de las obras que están aralizadas a quienes
afectaría más es a los humildes ciudadanos que residen en el lugar.“Para
efectuar los pagos de las transferencias tiene que ser en base a un contrato
del Estado, validado por las entidades correspondientes, sin embargo se está
dando el caso, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que hoy está
manejando más dinero que nunca, no obstante no puede desembolsarle a los
suplidores para que cumplan por el asunto de la validación de los contratos”. Las
fuentes consultadas explican que actualmente tienen importantes deudas con los
suplidores debido al atraso en el pago por la falta de una política de
seguimiento de las instituciones que tiene que ver con la construcción de obras
en todo el territorio nacional. “Se requiere que los ministerios de Educación,
Obras Públicas, el INDHRI, el IAD y Hacienda, así como la Contraloría de la
República, trabajen en conjunto para que las obras puedan llevarse a cabo sin mayores
contratiempos”, manifestaron.Ingenieros
y arquitectos encargados de las obras que se realizan como parte del programa
de construcción de aulas que lleva a cabo el Ministerio de Educación,
explicaron que el gobierno no ha entregado los recursos como parte de las
cubicaciones realizadas. En el país existe una dependencia del Estado
que se llama Oficina Supervisora de Obras del Estado, que es la responsable de
garantizar que las construcciones del gobierno se ejecuten en el tiempo
programado y con la calidad que éstas demandan. Si la ruta crítica no se
cumple, el personal de esa oficina debe tomar las medidas de lugar para honrar
las palabras del Presidente de la República.Al
respecto, el Ministerio de Educación se ha visto precisado a explicar mediante
espacio pagado en los diferentes medios de comunicación el porqué del retraso
en los pagos de las cubicaciones a las firmas constructoras, a los suplidores y
los contratistas.En
el mismo destaca que en coordinación con las instituciones vinculadas, la
entidad trabaja para dinamizar los procedimientos, a fin de superar las trabas
que imponen las regulaciones y agilizar los pagos a los contratistas.Precisó que en el proceso de aprobación de las
cubicaciones de las obras hay una serie de regulaciones cuyo cumplimiento es
vigilado por la Contraloría General de la República, que se convierten en
trabas e impiden el flujo adecuado de los recursos y que los contratistas
reciban sus pagos a tiempo.
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