La visita del Presidente Lic. Danilo Medina en la provincia Maria Trinidad (Nagua), el día 12 de este mes, donde reprendió por teléfono a un ingeniero, ha dejado al descubierto que cientos de obras están paralizadas en todo el país, teniendo como consecuencia la burocracia y la falta de coordinación entre varias instituciones estatales.
Asimismo, la construcción de escuelas y aulas que debieron estar entregadas al Ministerio de Educación con motivo del próximo año escolar que inicia en agosto, no se han podido ejecutar por la misma situación en las entidades que inciden en el proceso.
El drama es preocupante, los ingenieros reciben la primera partida tras ganar los sorteos para las obras, pero no se le da seguimiento de manera fluida a la entrega de recursos económicos, que es lo que sucedió en Arenoso, lo que también impide iniciar el proceso de trabajo como ha dispuesto el Presidente de la República.
“Con este tipo de situación se incumple con la palabra del Mandatario, al tiempo que dejan de beneficiarse muchas de las comunidades con obras necesarias que demanda la gente; es importante que el presidente Medina sepa que muchas obras están paralizadas por la falta de pago en las cubicaciones a los contratistas”, indican constructores consultados.
El sector construcción ha registrado un importante dinamismo en el período 2001-2013, catalogándose como la segunda rama en importancia con el 18% del PIB y 14% en los ingresos declarados, seguido por zonas francas y explotación de minas y canteras, de acuerdo al Banco Central.
No obstante, existen factores de riesgo que pueden afectar el mantenimiento del elevado dinamismo en el mediano plazo, como son los trámites burocráticos, que si no son tomados en cuenta rinden un flaco servicio al sector.
Diversos estudios de competitividad señalan que el costo y la duración de los trámites burocráticos limitan el clima de negocios, así como la realización de obras en el país.
Según fuentes preguntadas sobre el tema, unas 10 empresas que realizan obras en la zona del Bajo Yuna, están siendo afectadas considerablemente, afirman que las entidades del Estado tardan entre 8 y hasta 9 meses para liberarles los recursos económicos, agregan que a las mismas se les adeuda entre 60 y 70 millones de pesos.
En esta zona, como una región vulnerable, especialmente en la temporada ciclónica, si no se cumple con los contratistas, entregándoles los recursos económicos para terminar las mismas, muchas de las obras que están paralizadas a quienes más se afecta es a los ciudadanos que residen en el lugar.
En Santiago, por ejemplo, la regional Norte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), y los contratistas de las obras sorteadas, solicitaron a los ministerios de Obras Públicas y Educación, el pago de las cubicaciones correspondientes a un atraso de 179 millones de pesos, lo que ha provocado la paralización de las obras en la provincia. También se destaca que la burocracia incide negativamente.
“Para efectuar los pagos de las transferencias tiene que ser en base a un contrato del Estado, validado por las entidades correspondientes, sin embargo se está dando el caso que el Ministerio de Educación, que hoy está manejando más dinero que nunca, no obstante no puede desembolsarle a los suplidores para que cumplan por el asunto de la validación de los contratos”, sostienen.
Asimismo, se destaca que muchas empresas del ramo de la construcción están siendo afectadas, lo que trae como consecuencia que tengan que buscar recursos por otras vías para cumplir con sus compromisos laborales y de empleomanía.
Explican que actualmente tienen importantes deudas con los suplidores debido al atraso en el pago por la falta de una política de seguimiento de las instituciones que tiene que ver con la construcción de obras en todo el territorio nacional, como producto de que los trámites en la validación de los contratos y el pago de las cubicaciones son muy tediosos.
En ese sentido “Se requiere que los ministerios de Educación, Obras Públicas, el INDHRI, el IAD y Hacienda, así como la Contraloría de la República, trabajen en conjunto para que las obras puedan llevarse a cabo sin mayores contratiempos”.
En el país existe una dependencia del Estado que se llama Oficina Supervisora de Obras del Estado, que es la responsable de garantizar que las construcciones del gobierno se ejecuten en el tiempo programado y con la calidad que éstas demandan. Si la ruta crítica no se cumple, el personal de esa oficina debe tomar las medidas de lugar para honrar las palabras del Presidente de la República.
Al respecto, el Ministerio de Educación se ha visto precisado a explicar mediante espacio pagado en los diferentes medios de comunicación el por qué del retraso en los pagos de las cubicaciones a las firmas constructoras, a los suplidores y los contratistas.
Precisa que en el proceso de aprobación de las cubicaciones de las obras hay una serie de regulaciones cuyo cumplimiento es vigilado por la Contraloría General de la República, que se convierten en trabas e impiden el flujo adecuado de los recursos y que los contratistas reciban sus pagos a tiempo.
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