El Ministerio de Trabajo debe actuar ante la denuncia del sindicalista
Gabriel del Río Doñé, secretario general de la CASC, sobre violaciones a la
libertad de asociación y sindicalización que están siendo cometidas en algunas
empresas. Varios trabajadores han sido cancelados por intentar formar sindicatos
en las empresas en que trabajaban. La represión de los derechos de asociación
está sancionada por nuestras leyes laborales.
La autoridad debe mostrar interés por los casos de violaciones de este tipo,
aún cuando parezcan hechos aislados. Hay que impedir que, en tiempos en que se
reclama mejora salarial, cobre cuerpo la tendencia de reprimir a los
trabajadores por intentar ejercer el derecho de asociación. El Ministerio de
Trabajo debe estar atento a lo que está ocurriendo y eventualmente intervenir
para impedir que sigan produciéndose violaciones de este tipo.
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